Cuba

Una identità in movimento

La Ley de Vientres Libres y los intereses esclavistas

María del Carmen Barcia


Tradicionalmente, la Ley de Vientres Libres, también conocida como Ley Moret, ha sido considerada como un producto del interés de los sectores liberales españoles por abolir la esclavitud, y por lo tanto ha sido conceptuada como parte importante de la legislación abolicionista española, a tal punto que ha sido calificada como la ley que dio los primeros pasos de España hacia la abolición de la esclavitud y valorada como una concesión a los esclavos que habían permanecido fieles a sus amos españoles.

En septiembre de 1868 era destronada Isabel II. Los partidos políticos que conspiraron a favor de la revolución septembrina en España fueron el progresista y el demócrata; a ellos se sumó la Unión Liberal, que tras la muerte de O'Donnell era acaudillada por el general andaluz Francisco Serrano, ex-Capitán General de la isla de Cuba. Tanto el partido progresista como la Unión Liberal, que controlaron el poder de 1868 a 1873 en forma continuada, estaban fuertemente vinculados con la burguesía esclavista de Cuba. A los mismos pertenecían figuras como Salustiano Olózaga, estrechamente vinculado a Del Monte, Aldama y Alfonso; Segismundo Moret; Francisco Serrano, casado con la condesa de San Antonio, de la Familia Borrell, y Domingo Dulce, casado con Elena Martín, condesa de Santovenia, propietaria de varios ingenios. La estrecha relación entre la burguesía esclavista de Cuba y algunas figuras del gobierno español de dicho período, se hizo sentir en la etapa preparatoria del movimiento septembrista, ya que la burguesía esclavista de Cuba se sentía fuertemente incentivada con la perspectiva de poder obtener prerrogativas del gobierno español, similares a las que disfrutara hasta la década de los años treinta del siglo XIX, y por lo tanto colaboró espléndidamente, para que estos sectores, que le eran afines, ocuparan el poder. Elena Martín, condesa de Santovenia; la condesa de San Antonio, y el conde de Casa Brunet, suministraron gruesas sumas de dinero"[1]. Otro individuo, cuyas vinculaciones veremos más adelante, Benjamín Fernández Vallín, visitó a parte de los completados en la prisión de San Francisco, pocos meses antes de producirse el alzamiento"[2]. Estos elementos, ya conocidos y sintetizados en una forma mínima, pueden servirnos de antecedente al análisis de las vinculaciones entre los intereses de la burguesía esclavista de Cuba y los de algunos militares y políticos españoles, pertenecientes fundamentalmente al partido progresista y la Unión Liberal, con respecto a la abolición de la esclavitud en Cuba.

Aun cuando en la década de los años sesenta las posíciones de la burguesía esclavista ante la abolición de la esclavitud no eran uniformes, ya que respondían, en primer lugar, a las evidentes diferencias de nivel económico entre los sectores que la integraban y a los intereses y vinculaciones políticas a que respondían sus integrantes, podemos considerar como posición representativa aquella que admitía la abolición de la esclavitud, siempre que fuese gradual y estuviese precedida de una serie de transformaciones políticas que posibilitasen la organización del trabajo y del intercambio, sobre bases capitalistas. Esta fue la posición adoptada por la mayoría de los representante de Cuba a la Junta de Información de 1866.

Por estos años, los principios fundamentales establecidos por la burguesía esclavista con vistas a la abolición, partían de concebir la cesación gradual de la esclavitud, de forma tal que no se perturbase la buena marcha de la industria azucarera; de que se asegurase paulatinamente un surtido de fuerza de trabajo libre y barata, capaz de cortar la trata africana; de que se consiguiesen rebajas en el arancel y en los derechos diferenciales de bandera, así como de lograr que se aceptase el librecambio y se dotase a la isla de institucíones de crédito comercial y agrícola"[3]. Es decir, no se trataba de eliminar la esclavitud de un plumazo sino de eliminar todas las trabas que impedían el desarrollo armónico de la producción azucarera capitalista. Para sustituir la esclavitud extraeconómica por la esclavitud asalariada, necesitaban el establecimiento de dichas premisas, y por eso éstas se habían convertido en su bandera de lucha.

Cuando en 1868 se produjo el derrocamiento de Isabel II y arribaron al gobierno español figuras del partido progresista y de la Unión Liberal, la burguesía esclavista de Cuba presupuso que las transformaciones ocurridas en la metrópoli conducirían a cambios políticos en la isla. Sin embargo, la situación iba a complicarse, no sólo por la guerra de Cuba sino también por los intereses económicos contrapuestos de la burguesía colonia y la metropolitana.

En el Gabinete Provisional integrado el 8 de octubre d 1868, el poder real estaba en manos de dos generales: Francisco Serrano, presidente del Gabinete y Juan Prim, Ministro de la Guerra; mientras que hombres como Figarola, Sagasta, Castelar, Ruíz Zorrilla, Becerra, etc., se manifestaban proclives a la abolición de la esclavitud, otros, como Dulce y Serrano, eran más conservadores, ya que tenían posiciones convergentes con los intereses de la burguesía esclavista de Cuba.

El 16 de octubre de 1868 se constituyó en Madrid una Junta Cubana, presidida por el esclavista José J. de Arrieta, tratante en negros y chinos, y que tenía como vicepresidente al marqués de Villaytre, dedicado a similares oficios. Esta junta medió con el gobierno a fin de impedir que se produjese la abolición. En documento dirigido al mismo señalaba:

"Hablar de emancipación de la esclavitud en Cuba y no tocar la cuestión política es un contrasentido, un absurdo, ambos están ligados íntimamente entre sí, como están ligadas las ramas y las hojas que se desprenden de un mismo árbol [...] La esclavitud es una institución doméstica que cuenta con más de tres siglos de existencia: ha creado derechos a favor de sus habitantes y obligaciones en la metrópoli, que no pueden violarse sin repugnante injusticia; sobre ella está fundada su organización social, su agricultura, su industria, su comercio de exportación e importación, destruirlas sin la conveniente preparación sería decretar la ruina infalible de esas provincias; la preparación conveniente no puede ser otra que una manumisión lenta y progresivas"[4].

En esos momentos, el Ministerio de Ultramar era ocupado por Adelardo López Ayala. Este rehusó extender a Cuba las tempranas promesas de reformas del gobierno liberal y en cuanto a la esclavitud señaló:

"Me gustaría ser el que emancipara a los esclavos porque amo la gloria como los poetas, pero amo más a mi país y en mí el estímulo del deber es mayor que el del aplauso. Al mismo tiempo que tomé la posesión del Ministerio de Ultramar recibí las noticias de la insurrección cubana [...] soy tímido en las reformas porque deseo ser enérgico en la guerra"[5].

Las Cortes se abrieron el 11 de febrero de 1869. En las mismas, integrantes de la Sociedad Abolicionista Española persuadieron a la Junta de Madrid para que expresase, a través de un manifiesto, la proclamación del Vientre Libre.

De septiembre de 1869 a abril de 1870 ocupó el cargo de Ministro de Ultramar Manuel Becerra. El 10 de septiembre del 69, las Cortes Españolas integraron una comisión a fin de discutir las reformas políticas, sociales y administrativas de las Antillas, que estuvo presidida por él. Becerra, cuyas ideas abolicionistas eran bien conocidas por la burguesía esclavista de Cuba, había elaborado un proyecto a fin de abolir la esclavitud. Proponía el Ministro declarar libres a los esclavos que habían sido fieles a los españoles o que hubiesen prestado valiosos servicios a España, así como a los nacidos a partir del día 29 de septiembre de 1868.

No obstante, las Cortes del año 69 no acordaron ninguna medida que tendiese a la solución del problema social. Es de destacar que en estas sesiones, en las cuales Cuba no tenía representación oficial, hizo uso de la palabra Constantino Fernández Vallín, hacendado cubano y hermano de Benjamín Fernández Vallín, uno de los cubanos que tenía contactos con la Unión Liberal con anterioridad al pronunciamiento septembrista. Por otra parte, en esos momentos fije enviado a España Manuel Calvo, integrante del Comité Español, a fin de interceder con el Ministro de Ultramar; la respuesta ofrecía una tranquilidad momentánea, la burguesía esclavista de Cuba no debía albergar temores con respecto a la posible toma de decisiones, mientras durase la insurrección"[6].

A partir de esos momentos Fernández Vallín y Calvo, participaron e incidieron en todas las cuestiones relacionadas con la abolición de la esclavitud; para esto no fue óbice que respondieran a intereses políticos diferentes — íntegracionistas y reformistas —, puesto que sus intereses económico-sociales eran los mismos.

Es bueno conocer que Constantino Fernández Vallín, y su hermano Antonio, estaban casados con las hijas de Julián Luis Alfonso y Antonia Má. Madan. La esposa del primero era María de las Mercedes y la del segundo María de los Dolores. Por su parte, Manuel Calvo fue un eficiente agente del sector integracionista de la burguesía esclavista de Cuba. En reunión del Círculo de Hacendados del 10 de julio de 1878, el propio Calvo explicó su participación en la elaboración de la ley Moret, se refirió al origen de la misma y señaló que su conocimiento sobre ésta partía de

"... los trabajos con que para ella he tenido participación, haciendo triunfar las ideas de conservación de este país[7].

Fue también en las Cortes de 1869 cuando comenzó a perfilarse la posición de Segilsmundo Moret con respecto a la abolición de la esclavitud. Con respecto a la misma concluyó:

"... es dar lugar a una cuestión difícil que no sabemos si nos pone al lado de la insurrección en la Isla o en contra de ella"[8].

Segismundo Moret sucedió a Manuel Becerra en el cargo de Ministro de Ultramar en marzo de 1870. El 28 de mayo del propio año Moret presentaba el proyecto de ley, el 4 de julio lo rubricaba Francisco Serrano. Fueron Moret y Serrano, íntimamente vinculados con la burguesía esclavista de Cuba los promotores y ejecutores de la llamada Ley de Vientres Libres. Resulta interesante analizar cómo esta Ley no se apartaba, en lo fundamental, de los planteamientos hechos por la burguesía esclavista de Cuba en la Junta de información de 1866, aunque en algunos aspectos estos habían sido incluso menos conservadores.

Las estrechas conexiones de la burguesía esclavista de Cuba con Serrano y Moret, y la permanencia en España durante este período de figuras como Fernández Vallín y Calvo, aseguraron a esta clase la participación en todos los pasos preparatorios de la Ley, así como en su promulgación. Existía el consensus entre los miembros más relevantes de la burguesía esclavista de que la aprobación de una legislación moderada era la única salida posible en esos momentos. Los cinco meses que separaron la presentación del proyecto en las Cortes de su aprobación definitiva, les garantizaron la posibilidad de introducir algunos matices que atenuaran la primera redacción, como por ejemplo las diferencias que se establecieron, con vistas a la liberación, entre los nacidos en septiembre del 68 y los nacidos a la promulgación de la Ley; la utilización del art. 39 como un mecanismo diversionista, al declarar libres a los esclavos que hubiesen servido bajo bandera española; el cambio en el art. 5to. de derechos ingenuos en lugar de derechos civiles, en el entendido que el ingenuo no es del todo libre. Por otra parte, la burguesía esclavista lograba algunos beneficios a partir de los nuevos presupuestos legales: el liberto de 18 años ganaba la mitad del jornal de un hombre libre, la otra mitad quedaba para la integración de un supuesto peculio, que debía entregársela al cumplir los 22 años,

"... de la manera que determinen disposiciones posteriores"[9].

Mientras que el proyecto autorizaba al gobierno a tomar las medidas necesarias para la emancipación, la Ley subordinaba esta posibilidad a la presencia de los diputados ,de Cuba en las Cortes, es decir, la emancipación de los esclavos en edad laboral no se produciría sin el consentimiento de la burguesía esclavista.

De la comisión que elaboró los dictámenes, formó parte Constantino Fernández Vallín, también fueron evidentes las conexiones que se establecieron entre Moret y Manuel Calvo[10].

Los días 17 de junio y 1ro. y 11 de julio se reunía en La Habana, autorizada por el Ministro de Ultramar, la Junta General de Hacendados[11]. En estas reuniones se reflejan las Posiciones de figuras como Zulueta, Poey, José Argudín, Pedro Sotolongo, etc. En la reunión del 1ro. de Julio, Caballero de Rodas, Capitán General de la isla, recordó a los integrantes de la Junta que el proyecto de ley se había modificado, suprimiendo o modificando los artículos más radicales a partir de los criterios de los "propietarios residentes en Madrid". El 11 de julio se acordó crear un comité integrado por siete representantes de la burguesía esclavista de Cuba; estos fueron: Julián Zulueta, Manuel Cardenas, el marqués de Almendares, José Morales, Antonio García Rizo, Segundo Rigál y Juan A. Colomé. A este comité se le conoció con el nombre de Junta Delegada y realmente no cobró vida hasta 1873, cuando la burguesía esclavista de Cuba, temerosa por los proyectos de abolición del gobierno de Pi y Margall, y la promulgación de la abolición para Puerto Rico, comenzó a organizarse en la defensa de sus intereses.

La Ley de Vientres Libres no se publicó en Cuba hasta el 28 de septiembre de 1870; con la tardanza usual, su Reglamento no fue dado a conocer en la isla hasta el 23 de noviembre de 1872. Resulta interesante señalar que la mayor oposición que la Ley encontró en la isla fue la de la burguesía comercial española, componente de los "intransigentes". Mientras tanto, los dueños de ingenios trataban de

"... evitar cualquier solución violenta que pudieran tomar en Madrid al ver la tenacidad de esta patulea"[12].

Por otra parte comenzaron a producirse todo tipo de artimañas a fin de que las afectaciones económicas fueran minimas. Por ejemplo: teniendo en cuenta que los esclavos, mayoritariamente, no tenían partidas de bautismo, se les ubicaba en la edad conveniente, de forma tal que sólo pasaban de 60 años los que ya no eran útiles[13]., se obligó a los emancipados a firmar contratos de trabajo por 8 ó 10 años[14] e incluso se vendieron en subasta pública negros confiscados a los insurrectos cubanos, que por el artículo 5to. de la Ley debían ser considerados libres[15].

Un importante elemento que demuestra que la Ley Moret no fue refractaria a los intereses de la burguesía esclavista de Cuba, se manifiesta en la ausencia de críticas por parte de esta clase y de los elementos afines a la misma; mientras que los intereses abolicionistas, aglutinados en la S.A.E., hicieron fuertes críticas, tanto a la ley como a sus ejecutores y la consideraron

"... un poderoso medio para impedir la abolición inmediata"[16].

Esta situación se refleja fielmente en la prensa. El periódico La Epoca, defensor de los intereses de la burguesía esclavista de Cuba, plantea que Segismundo Moret había logrado presentar un proyecto de Ley con "medidas eficaces" y de acuerdo con los propietarios de esclavos[17]. La Discusión, periódico liberal, respondería señalando que no contenta La Epoca con ensalzar al Sr. Moret, le pronosticaba que su obra sería bien recibida en la Gran Antilla; subrayando que, si bien dos días antes, este periódico había insistido en que cuanto se legislara sin la intervención de los diputados cubanos claudicaría por su base, más tarde había calificado el proyecto como

"... aceptable, válido, conveniente y magnífico"[18].

El periódico El Tiempo, aun más retrógrado que La Epoca, planteaba que aunque Moret enunciaba que la ley se había hecho de acuerdo con los propietiarios de esclavos, debía haber tomado por éstos a

"Algunos cubanos que le asedian y en quienes acaso se inspira"[19].

El Universal mantenía una posición progresista, aunque confundía los intereses de la burguesía esclavista de Cuba al pensar que los que habían emitido sus juicios en la Junta de Información no habían sido consultados, fustigaba duramente a Moret:

"Rara vez hemos asistido al espectáculo que nos dan los hombres que, figurando ayer mismo en la Junta Directiva de la S.A.E. y escribiendo artículos hirvientes y espumantes contra la esclavitud [...] ahora que ocupan los escaños en el Congreso, o tienen un lugar en las esferas del gobierno [...] o se encierran en el silencio, o se contentan con hacer en algún discurso de política general una alusión de buen efecto oratorio[20].

La Igualdad, diario republicano federal, señalaba que

"... el señor Moret ha defraudado completamente nuestras esperanzas"[21].

La S.A.E., la. más fuerte opositora a la Ley, concluía:

"La Ley Moret es una ley que proteje los intereses esclavistas y estos intereses tienen sus defensores, tanto en las Cortes, como en su llamado gabinete liberal español"[22].

Resulta evidente que la Ley Moret representaba los intereses del sector más progresista de la burguesía esclavista de Cuba por estos años, ya que materializaba parte de sus ispiraciones, tales como lograr una abolición lenta y gradual y prorrogar la aprobación de la emancipación de los esclavos en edad laboral para cuando hubiese diputados cubanos en las Cortes Españolas, que representasen sus intereses de clase. Por otra parte, les daba un compás de espera que les permitía poner sobre el tapete el aspecto relativo a las reformas políticas que les permitieran realizar las necesarias adecuaciones de la política económica española en relación con Cuba, cuestión que no consideraban táctica ni estratégicamente adecuado plantear en plena insurrección. Fieles a su práctica consuetudinaria, aprobaban en la teoría y dilataban en la realidad. Los esclavos continuaban siéndoles necesarios y, por lo tanto, seguían adquiriéndolos. En 1872 aún se compraban esclavos en Puerto Rico, para trasladarlos a Cuba[23].


Tomado de: MARÍA DEL CARMEN BARCIA, "La Ley de Vientres Libres y los intereses esclavistas", en Santiago. Revista de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, no. 59, septiembre de 1985, pp. 127-136


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