Cuba

Una identità in movimento


De la tolerancia a la impunidad

Roberto Fernández García


Roberto Fernández GarcíaEn los últimos tiempos se hace cada vez más frecuente la aparición de ciertos críticos a ultranza de la Revolución Cubana, caracterizados por un lenguaje híper cáustico. Los mismos aparecen cubiertos por plumajes de múltiples matices y marcados por el denominador común de un discurso pretendidamente democrático que intenta aparentar la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales y el constitucionalismo liberal burgués en Cuba; para lo cual toman como bandera la imaginaria lucha contra una supuesta tiranía en nuestro país, siempre situándose al lado de los archiconocidos intereses "democráticos y humanistas" que el imperialismo norteamericano viene repitiendo desde hace décadas, mientras apoya a regímenes sangrientos, masacra pueblos enteros con sus guerras genocidas y mata de hambre y enfermedades curables a millones de niños en todo el planeta con sus políticas neoliberales.

No es mi propósito en el presente trabajo repetir lo que todos sabemos acerca de las falsedades que difunden diariamente los imperialistas sobre Cuba. Tampoco voy a referirme a la obra revolucionaria ni a las agresiones imperiales de todo tipo de las cuales hemos sido víctimas a lo largo de más de cincuenta años; porque todo eso es historia harto conocida hasta por los que están aun por nacer, pues a estas alturas hasta ellos deben llevar esa información genéticamente intrínseca en el ADN. Quiero referirme a lo que, según mi parecer, además de constituir un derecho legítimamente regulado por nuestras leyes y reconocido por el Derecho Internacional, en cualquier tiempo y lugar — pero muy especialmente en las actuales condiciones y circunstancias por las que atravesamos los cubanos — resulta de una necesidad impostergable.

Hace muchos años leí en algún libro ya olvidado, una sentencia de Lenin que decía textualmente: "Una revolución vale algo sólo si es capaz de defenderse" y, sin duda alguna, la nuestra siempre ha demostrado que es capaz de hacerlo, y lo ha hecho bien. No obstante, aprecio que, desde que el enemigo ha convertido en táctica para la subversión interna sus campañas mediáticas internacionales acerca de las falsas violaciones de los derechos humanos en Cuba, nuestra respuesta jurídica a quienes desde dentro secundan la ofensiva propagandística exterior, me parece que se ha vuelto en extremo lenta y cautelosa, como si temiéramos enfrentar legalmente al enemigo interno para evitar que el imperio pueda fabricar otras justificaciones con las cuales pudiera incrementar sus acusaciones, y logre darles rasgos de verosimilitud a sus mentiras. Creo que eso es muy posible que suceda. Pero, hagamos lo que hagamos el enemigo siempre va a acusarnos con sus mentiras; y, por otra parte, si no nos defendemos adecuadamente y permitimos que el enemigo haga su voluntad, el final sería mucho peor para nosotros.

Por estos días he leído opiniones de importantes periodistas y escritores extranjeros amigos de Cuba, los cuales se han referido a algunos de los falsos luchadores por los derechos humanos que operan actualmente desde el interior del país, a los cuales han calificado como lo que son: es decir, mercenarios a sueldo, al servicio del gobierno de los Estados Unidos, cuyas actividades revisten un carácter abiertamente subversivo, y están dirigidas a colaborar con aquél país en sus intentos por derrocar al gobierno legítima y constitucionalmente instituido en Cuba, por la voluntad manifiesta de la mayoría de su pueblo.

No hay que ser muy versado en leyes para darse cuenta de algo que también han planteado algunas de las personalidades a las que hago referencia en el párrafo anterior, como es el caso del argentino Atilio Borón. La mayoría de esos "luchadores por los derechos gusanos" que existen en estos momentos en Cuba están violando las leyes penales cubanas. Incluso, si se tratara de ciudadanos de otro país; por ejemplo de los propios Estados Unidos, no cabe la menor duda de que a estas alturas la mayoría de ellos estuviera en prisión cumpliendo condenas de hasta cadena perpetua.

El Artículo 91 de nuestro Código Penal regula el delito de "Actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado", y establece que:


"El que, en interés de un Estado extranjero: ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte".


Por su parte, el Artículo 92 del mismo Código regula el delito de promoción de acción armada contra Cuba, acerca del cual dispone que:


"El que ejecute un hecho dirigido a promover la guerra o cualquier acto de agresión armada contra el Estado cubano, incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte".


De manera que está más claro que el agua, que "las luchadoras" que últimamente han sido puestas de moda por la propaganda internacional de los Estados Unidos y la Unión Europea, han ejecutado y ejecutan de manera continuada y premeditadamente, diversos hechos con el objeto de que sufra detrimento la independencia y la integridad del Estado cubano, los que están dirigidos a promover la guerra u otros actos de agresión contra el mismo. En ese sentido, resulta evidente que las "Damas de Blanco" han estado tomando parte de una provocación montada por el gobierno de los Estados Unidos con el propósito manifiesto de fabricar un enfrentamiento callejero con el pueblo y las fuerzas del orden, que sirviera de pretexto para que aquél país interviniera militarmente en Cuba, lo cual habría sido la guerra. Y esa guerra (que en este mismo momento se habría traducido en la muerte de decenas de miles de personas inocentes y la destrucción del país) que nadie lo dude, fue evitada por la cordura y la serenidad del gobierno, las autoridades cubanas y el pueblo de Ciudad de La Habana con su disciplina y organización.

Por otra parte, la famosísima y multilaureada "globera" Yoani Sánchez no se ha quedado atrás de sus correligionarias, pues sus "artículos periodísticos" van dirigidos a subvertir el orden político legalmente establecido en la Constitución de la República y a colaborar con una potencia extranjera en su intento por "cambiar el régimen económico, político y social del Estado socialista", delito que aparece regulado en el Artículo 98 Inciso B del antes citado cuerpo legal, el cual lo sanciona, igualmente, con privación de libertad de diez a veinte años o muerte.

Considero que es correcta la tolerancia en cuanto a la aplicación de la ley penal en delitos de esta índole, los que, dado su carácter y gravedad, son sancionados con severas penas; tolerancia aun más justificada en casos como estos, que revisten particular complejidad y resulta en extremo peligroso su enfrentamiento; pero hasta cierto punto, porque todo tiene un límite permisible. Confío en los estrategas de la política penal de nuestro estado y gobierno, así como de las altas autoridades judiciales; pues de sobra es sabido que el enemigo está a la caza del menor desliz de nuestra parte, para utilizarlo como pretexto que sirva a sus fines intervencionistas contra Cuba, y posiblemente se haya considerado más razonable, por el momento, "pasarnos con ficha", como se dice popularmente.

Pero, según mi parecer, el problema tiene otra connotación mucho más importante que sancionar o no a unas camorristas vendidas al enemigo. Posiblemente los estrategas del imperio también hayan previsto esta reacción pasiva de parte de nosotros, la cual no es la que más conviene a sus planes guerreristas; pero de igual manera pienso que, posiblemente, intenten aprovecharla, pues esa tolerancia — por las razones que haya sido decidida — podría ser utilizada por ellos para hacerle creer a la delincuencia común (disfrazada de luchadores por los derechos gusanos y la demokrazia) que se trata de debilidad, de impotencia por parte del gobierno cubano para enfrentar a "los luchadores por la libertad".

Esa falsa interpretación de nuestra tolerancia, a la que puede ser inducida la delincuencia empleada del imperialismo, conduciría inevitablemente a la impunidad, ya que, si no se sancionan conductas tan serias y peligrosas para la sociedad, como los delitos contra la seguridad del Estado, esa impunidad generaría el total irrespeto a la ley, lo cual trataría de generalizar el enemigo para estimular en todo el país a la delincuencia común y a los elementos antisociales — por naturaleza propia enemigos en potencia de la Revolución — los que posiblemente fueran estimulados a la realización de acciones callejeras de carácter violento y a la comisión de hechos vandálicos de todo tipo, que condujeran a una situación de desobediencia civil e ingobernabilidad, hasta lograr que determinados grupos de tales elementos, envalentonados por la impunidad misma y la acción del dinero, provocaran enfrentamientos sangrientos con la masa popular y las autoridades, situación que también brindaría la posibilidad al gobierno norteamericano de atacarnos militarmente; lo que es, a todas luces, su propósito final.

Comprendo lo delicado y peligroso de la situación, y la necesidad de impedir darle una oportunidad al imperialismo para que incremente su campaña mediática, fase preparatoria de la opinión pública internacional para facilitar la agresión armada. Pero permitir que la tolerancia llegue a convertirse en impunidad es más peligroso y penoso que exigir, aplicar y hacer cumplir la ley, ya que, con mayor rapidez nos conduciría a un callejón sin salida, posiblemente también previsto en los planes del enemigo como segunda variante. Sea como sea, la ley tiene que jugar el rol para el cual fue creada. O sea, cumplir su carácter coactivo para restablecer la legalidad quebrantada e impedir que se generalicen las conductas antisociales y acciones delictivas tendentes — en este caso concreto — a poner en peligro la seguridad exterior del Estado, y la integridad y estabilidad de la Nación, que constituyen nuestro más sagrado tesoro; así como contribuir a desestimular a quienes pudieran sentirse tentados a imitar a los otros delincuentes en el camino de la traición.





Página enviada por Lohania Aruca Alonso
(3 de mayo de 2010)


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