Son varios los fundamentos que han esgrimido acertadamente los abogados de la defensa para convencer a la Corte Suprema que este caso sea atendido. Han solicitado que sean revisadas por la Corte todas las condenas relacionadas con la negativa de la Corte de Apelaciones de Atlanta a otorgar un cambio de sede, la mala conducta de la Fiscalía y la selección impropia y discriminatoria del jurado.
A ello debe añadirse que una causa que ha logrado el respaldo de la Comisión sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; una causa en la cual 5 de los acusados son Héroes de la República de Cuba por sus luchas antiterroristas dentro de grupos tipificados como terroristas por las autoridades norteamericanas e incluso por el primer panel de tres jueces; una causa cuyos acusados, por los valores inmanentes de sus personalidades, acciones e ideas, fueron propuestos y nominados para el Premio Nobel de la Paz; unos acusados que han merecido el Premio Internacional Benito Juárez; unos acusados que han despertado la solidaridad mediante cientos de comités organizados en prácticamente todos los países del mundo y que agrupan a miles de personas que trabajan activa y desinteresadamente para su liberación, y que divulgan los elementos de juicio y argumentos en torno al caso a través de miles de páginas web específicas de dichos comités o como parte de órganos periodísticos digitales en decenas de idiomas; una causa en la que el tratamiento dado a los acusados y a sus familiares ha entrañado, durante estos diez largos años, una violación flagrante de los derechos humanos y del derecho humanitario; una causa en que cuando se analizan todos los componentes de los hechos, las circunstancias, las condiciones de las detenciones, la sede del juicio, las sesiones, las violaciones procesales, la actuación de la fiscalía, de los miembros del jurado, de la jueza, el acoso periodísticos y la campaña mediática, las condenas y sus consideraciones, las contradicciones en los dictámenes de la Corte de Apelación de Atlanta, etc., reflejan la enorme injusticia y la desvergüenza en los niveles de justicia hasta ahora actuantes, salvo honrosos momentos del proceso tales como el del primer panel de tres jueces y los juicios particulares de dos de los jueces del segundo panel. Por todo eso, y por muchas más razones, este no es un caso más que llega a los umbrales de la Corte Suprema. Es sin lugar a dudas el caso más trascendente que ha podido ventilarse quizás en un siglo, si tenemos en cuenta los valores jurídicos en lo que se refiere a las intenciones nobles que motivaron los actos de los acusados y a la presunción real de inocencia en lo que respecta a los delitos imputados.
Destaca por sobre todas las cosas en que están implícitas acciones de dos Estados que, en los umbrales de esta causa, implicó a los máximos representantes del gobierno de los Estados Unidos y de Cuba y a las autoridades policiales de ambos países. Sobresale por que en una época marcada por la lucha contra el terrorismo, las acciones de los acusados eran inobjetablemente antiterroristas y la detención y prisión de ellos pretendió y se inscribió, una vez más, en la protección y estímulo a los grupos y mafias terroristas asentadas en Miami y otros puntos de los Estados Unidos.
En fin, ya se ha producido el llamado a las puertas estrechas, apenas un resquicio, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Estará dentro una justicia ciega y sorda? Esperemos que no. Que esta vez se abran las puertas y allí encontremos a la justicia verdadera con su balanza simbólica, dispuesta a escuchar las verdades que merecen ser oídas, y a ver los hechos tan objetivamente como son, y dispuesta a actuar con sapiencia, honestidad y razón noble. Si así actuara la Corte Suprema de los Estados Unidos, la verdad y la justicia, aunque demasiado tarde, resplandecerían.
Wilkie Delgado Correa
Doctor en Ciencias Médicas
Profesor Consultante y Profesor de Mérito del Instituto Superior de Ciencias Médicas
Escritor y periodista
Página enviada por Wilkie Delgado Correa
(16 de febrero de 2009)
