La reunión de los centros de dirección revolucionaria para dejar constituido un frente único de combate contra la metrópoli tuvo lugar en Guáimaro, a partir del 10 de abril de 1869. Representantes de Oriente, Camagüey y Las Villas se congregaron en ese pueblo camagüeyano, capital simbólica de la revolución, durante varios días. Como delegados asistieron cuatro representantes por los orientales, encabezados por Céspedes; cinco por los camagüeyanos, entre ellos Cisneros y Agramonte; y seis, por los villareños, animados por Gutiérrez. La necesidad de establecer la unidad dentro de la revolución se sobrepuso a las diferentes concepciones sostenidas hasta el momento: el criterio cespedista de un mando único, donde las funciones civiles y militares fuesen asumidas por la misma persona, y el camagüeyano, partidario de separar ambos poderes, con una división interna dentro del mando civil.
Al analizarse el desarrollo de la Asamblea, llama la atención el hecho de que la representación oriental fuese la menos destacada, teniendo en cuenta la tradición ya grande de lucha de esta región. De ahí el poco peso que tuvo esta delegación en las deliberaciones generales, contrastando con los emisarios camagüeyanos y villareños, que sí fueron los principales jefes de sus áreas respectivas.
En su gran mayoría, los delegados eran miembros del sector terrateniente, en su ala más radical y patriótica. De los 15 asambleístas, trece eran miembros de dicho sector, o intelectuales vinculados a ellos. Los dos restantes pertenecían a las capas intermedias de la población insular. Explicable en la sociedad cubana de la época, ningún negro, ni siquiera pequeño propietario rural, y mucho menos ex esclavo, se sentó a la mesa de las deliberaciones. En ellas se notó la existencia de un bloque coherente y firme constituido por camagüeyanos y villareños dispuestos a hacer prevalecer sus criterios expresados por los autores del texto constitucional: Agramonte y Zambrana. En el extremo opuesto resalta la figura del líder oriental, quien no opuso resistencia a los planteamientos de los jóvenes abogados vecinos.
Los representantes acordaron, en definitiva, una Constitución que normaba la estructura del aparato de dirección de la naciente república de Cuba, estableciendo la división burguesa clásica de tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo radicaba en el presidente de la república, que tenía como auxiliares a cuatro secretarios de Despacho (Guerra, Hacienda, Interior y Exterior). El Poder Legislativo lo constituía una Cámara de Representantes con múltiples funciones, que nombraba y deponía al presidente y demás empleados. El aparato militar quedaba separado del civil y centrado en un general en jefe, que sería nombrado también por la Cámara, y que rendiría cuentas al presidente de la república.
De suyo se desprende la complejidad del aparato creado, poco idóneo para una guerra. El presidente vería limitadas sus funciones por la fiscalización constante que sobre ellas ejercería la Cámara, cuya legislación podía ser aprobada sin la definitiva sanción presidencial, en segunda opción. Los militares tenían un grado de subordinación doble, puesto que, rindiendo cuentas su jefe al presidente, éste sería sin embargo, nombrado por la Cámara, quien en definitiva determinaba la aprobación de cualquier cuestión. Tal subordinación ejerció una influencia nefasta en el decurso de la guerra, aun cuando el propio desarrollo de la misma se encargase de suavizar los roces entre ambos poderes.
La anomalía del aparato de dirección se acrecienta y amplía si se tiene en cuenta que hubo que llegar, por las presiones de los delegados de Camagüey, no a una correcta integración del Legislativo, de acuerdo con la población de cada región cubana, sino que su estructura se estableció de forma igualitaria para evitar, según frase de Zambrana, "la tiranía del número", lo que trajo como consecuencia el crecimiento monstruoso del Legislativo y el reconocimiento, en momentos iniciales, del doble voto a los representantes centro–occidentales, para neutralizar, en el mejor de los casos, a los delegados de Oriente.
Siguiendo la tónica general que había animado a la Asamblea, Carlos Manuel de Céspedes asumió la presidencia de la república, mientras los puestos fundamentales de la Cámara pasaban a manos de camagüeyanos y villareños, Salvador Cisneros se convirtió en presidente del órgano legislador, con Miguel Jerónimo Gutiérrez de vice. Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana fueron designados secretarios, aunque el primero renunció rápidamente para incorporarse al ejército. En las secretarías de Guerra, Hacienda, Exterior e Interior se ubicó a Francisco Vicente Aguilera, propuesto por Céspedes, Eligio Izaguirre, Cristóbal Mendoza y Eduardo Agramonte, respectivamente. Manuel de Quesada, jefe militar de Camagüey, pasó a desempeñar el cargo de general en jefe.
Los recién electos funcionarios del Estado insurrecto juraron sus cargos el 11 de abril, en acto de masas. La mujer cubana, por mediación de la camagüeyana Ana Betancourt, estuvo presente en Guáimaro, y demandó de las autoridades revolucionarias el cese de la secular explotación femenina, a la par que expresaba su disposición de combatir por la redención de la patria.
También se hace necesario señalar que los asambleístas seleccionaron como enseña nacional, no el pabellón cespedista enarbolado en Demajagua, sino la bandera que hizo ondear Narciso López en 1850, en Cárdenas, reflejo del peso camagüeyano–villareño en la Asamblea. A propuesta de Zambrana, para "desagraviar" al líder oriental, se acordó que dondequiera que se reuniesen los legisladores del pueblo cubano, la bandera del Diez de Octubre presidiese, junto a la de la estrella solitaria, la sesión parlamentaria.
De Guáimaro salió vencida la concepción cespedista del mando único, con la centralización de las funciones civiles y militares en una misma persona. La posibilidad de una dictadura militar siempre latente en un proceso histórico de tal naturaleza quedó, programáticamente al menos, eliminada. La representación nacional ejemplificada en la Cámara de Representantes — no obstante sus irregularidades — daba la oportunidad de una adecuada realización democrática. La autonomía del aparato militar era una necesidad perentoria: el ejército debía tener su estructura separada de la dirección civil, dadas las necesidades de una revolución nacional–liberadora.
A lo anterior hay que sumar factores de índole subjetiva presentes en la Asamblea, en particular las suspicacias de algunos de sus miembros contra Carlos M. de Céspedes. Si a esto se añade el idealismo doctrinario de la juventud asambleísta, y la ilusión engañosa de encarnar a plenitud los ideales burgueses de libertad, igualdad, fraternidad, unido a un fuerte rechazo a todo lo que pudiera ser militar, se comprende que se esgrimiese la consigna de "sálvense los principios", con una gran incomprensión de la realidad histórica circundante. Esto trajo como consecuencia que, para evitar los riesgos de una dirección personalista, se conformó un aparato de dirección realmente inoperante que debía "vigilar" la correcta actuación del Ejecutivo y el mando militar, de manera paralela a sus propias tareas legislativas. El carácter de exterminio que rápidamente España impondría a la guerra vendría a demostrar la ineficacia de la Cámara, que, ocupada en defender principios a su juicio conculcados, poco podría ayudar al desarrollo efectivo del combate por la independencia del país. Un correcto enfoque, impedir el caudillismo y la dictadura militar, no encontró en Guáimaro su vehículo apropiado.
Sin embargo, las deficiencias apuntadas no pueden empequeñecer lo acontecido en aquel pueblo camagüeyano. Por primera vez en la historia nacional, representantes de diferentes regiones se reunieron para aunar esfuerzos, y presentar a la metrópoli un frente único de combate. La nacionalidad cubana, deviniendo con celeridad en nación, fue a Guáimaro a darse el aparato estatal que le era imprescindible. Los insurgentes cubanos se anotaron una decisiva victoria ideológica al emprender la tarea fundamental en una revolución: demoler el opresivo sistema estatal español en Cuba, e iniciar su sustitución por fórmulas diferentes que, a pesar de sus deficiencias, respondían tanto a los principios políticos más avanzados del siglo XIX, como a los intereses nacionales considerados en su conjunto. La existencia de ese aparato estatal llegó a ser reconocida por diferentes naciones, y marcó un momento relevante en la evolución del pensamiento cubano. Gracias a Guáimaro, el pueblo antillano fue un Estado diferente a España durante nueve años. Allí se logró una declaración tan contundente y radical en la Cuba de entonces como la contenida en el artículo 24 de la Constitución acordada:
"Todos los habitantes de la República son enteramente libres".
Golpe demoledor a la institución esclavista, programáticamente la revolución crecía a pasos de gigante.
Asamblea y Constitucion de Jimaguayú
Celebrada durante el mes de septiembre la reunión para la estructuración de la revolución, la Asamblea de Jimaguayú reunió delegados de todos los cuerpos del ejército existentes hasta ese momento, con exclusión de Occidente, lo que equivale a decir que veinte representantes participaron en las deliberaciones. En su gran mayoría provenientes de las capas intermedias de la población y con un promedio de edad bastante bajo, los delegados del ejército mambí proclamaron, el día 16, la Carta Magna de la República en Armas. Si bien en el espíritu de los presentes se hallaba agilizar los mecanismos gubernamentales, en función de una mejor y más correcta prioridad de la guerra (del combate con las armas en la mano) los asambleístas, de modo general, se dividieron en tres grupos, sostenedores de concepciones diferentes en cuanto a la estructura civil a implantar:
Salvador Cisneros Betancourt, fuerte defensor de la idea de aplicar la organización acordada en Guáimaro, que ya había demostrado su inoperatividad. Los delegados de Oriente, encabezados por Rafael Portuondo, quienes, sosteniendo el criterio aprobado por Maceo de que el presidente de la república debía ser el Generalísimo del Ejército Libertador y el Lugarteniente su vicepresidente, estaban de hecho uniendo y subordinando la estructura civil a la militar, puesto que los máximos jefes militares cubanos habían sido designados desde 1892. El absoluto desacuerdo de Máximo Gómez con una solución como la sintetizada impidió una centralización que podía, bajo ciertas circunstancias, convertirse en dictadura.
Jóvenes de nueva promoción revolucionaria, tales como el camagüeyano Enrique Loynaz, y que no tenía nada que ver con antiguos problemas civiles o militares, deseaban una estructura sencilla, en la que el ejército y la dirección civil no se interfirieren, y las decisiones que fuese necesario adoptar se implantasen por el ramo pertinente.
Estas diferencias eran no ya tan sólo reflejo de los problemas históricos del independentismo cubano, sino también de la multiplicidad generacional de los delegados y de su procedencia regional. La decisión de resolver tan espinosa cuestión con las mayores garantías para la viabilidad de la revolución permitió encontrar una fórmula de transacción, que se manifestó en el acuerdo de establecer un Consejo de Gobierno, compuesto por seis figuras, que aunase los poderes ejecutivo y legislativo, obviando la existencia de una desmesurada Cámara de Representantes a la usanza de Guáimaro. Dicho Consejo no debería interferir el aparato militar y quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente: Salvador Cisneros Betancourt.
Vicepresidente: Bartolomé Masó Márquez.
Secretario de Guerra: Carlos Roloff Mialofki.
Secretario de Hacienda: Severo Pina Estrada.
Secretario del Interior: Santiago García Cañizares.
Secretario del Exterior: Rafael Portuondo Tamayo.
Como puede observarse, el Consejo se componía de mambises de gran experiencia, Cisneros, Roloff y Masó, y revolucionarios de la nueva hornada. A su vez, Cisneros, Pina, García y Portuondo fueron, o serían, prominentes figuras civiles, mientras Roloff y Masó eran mayores generales desde el 68. Si bien tal integración permitió la posibilidad de confrontar diversas experiencias vitales, no favoreció la homogeneidad del aparato civil creado y abrió la puerta a discrepancias internas que se pondrían de manifiesto con celeridad. Una vez establecida la república en 1902, la limpia trayectoria histórica de Cisneros, Masó, Roloff y Portuondo sería muy superior a la actuación desplegada por Pina y Cañizares.
Acordada y aprobada la Constitución, los asambleístas se trasladaron al campamento del general en jefe, que se hallaba a poca distancia de Jimaguayú, para comunicarle su designación — en propiedad, su ratificación — en el cargo señalado. Esto resulta importante. No fue el Consejo de Gobierno quien nombró a Gómez, sino, una vez más, el pueblo cubano a través de sus representantes. Aunque pueda parecer sutil, lo expresado reviste gran importancia: de la manera en que se actuó se evitaba una posible subordinación del general en jefe al órgano civil. Sin embargo, los constituyentistas dieron pasos tendentes a subordinar el ejército a los máximos poderes civiles. El documento de Jimaguayú no expresó las concepciones de José Martí ya señaladas, y que se advierten en la frase conocida de "El ejercito, libre...". Antes bien, trataron de subordinar al grupo militar a través de ciertos artículos, de los cuales vale resaltar los siguientes:
El 1, con la creación de una Secretaría de la Guerra,
"... para el despacho de los asuntos de guerra".
Tal paso no era necesario si en la revolución ya existía un aparato militar con un general en jefe al frente. Tarde o temprano, éste y el secretario de la Guerra tendrían graves contradicciones.
El 3, que facultaba al Consejo para otorgar los grados militares de Coronel a Mayor General; esto despojaba de una atribución muy importante al general en jefe y facilitaba, por supuesto, que los aspirantes a tales grados estuviesen muy atentos a la política seguida por los funcionarios civiles.
El 4, que autorizaba al aparato civil a intervenir en las operaciones militares para la
"... realización de altos fines políticos".
Muy matizado en su formulación, este artículo, sin embargo, abría la puerta a muchas interpretaciones sobre lo que pudiera ser un "alto fin político", realidad nunca precisada.
Haciendo una valoración de conjunto, puede plantearse que la Constitución de Jimaguayú fue una fórmula para la organización interna de la Revolución de 1895, pero que dicha organización no se plasmó de manera idónea. Los Constituyentistas, al igual que José Martí, deseaban independizar a Cuba; pero la estructura acordada no estuvo inspirada en las concepciones del Maestro. A éste, de común acuerdo con Gómez, no se le hubiese ocurrido establecer una Constitución en la cual tres de sus artículos mermaban la autonomía del sector militar y posiblemente, con conocimiento de su actuación histórica, tampoco habría dividido el mando civil entre seis personas, a pesar de que esto significase una notable simplificación si se compara con la estructura de Guáimaro.
En líneas generales, Jimaguayú se quedó por debajo de las necesidades del momento dentro del proceso nacional–liberador.
Lo que sí fue un gran logro viene dado por el artículo 24, que establecía que, si en dos años no estaba ganada la guerra, debía convocarse a una nueva asamblea de representantes que refrendase o modificase la actual Constitución, para evitar los escollos que la ausencia de tal precepto había provocado en la Revolución de 1868. Igualmente, el artículo 21 reconocía como válidos los compromisos y deudas contraídos por los jefes militares hasta el propio mes de septiembre, con lo que se aprobaban los contratos hechos por Maceo en Oriente, para obtener recursos de guerra, permitiendo la zafra azucarera. Esto había sido prohibido por Gómez y Martí, poco después del desembarco en Playita. Con tal aprobación se evitaba desautorizar al Titán de Bronce, subordinando un futuro acuerdo de esta naturaleza a las decisiones del Consejo de Gobierno.
Un error no previsible que se cometió en Jimaguayú fue la designación de Tomás Estrada Palma como Delegado Plenipotenciario del Consejo de Gobierno en el extranjero. Éste, una vez muerto en combate José Martí, había sido electo Delegado del PRC. Ahora, con sus nuevas funciones, se convertiría en una figura de excepcionales poderes; a la labor de auxiliar y cooperar con la revolución desde el exterior, en su carácter de máximo dirigente del partido (y, bien mirado, de orientación ideológica de la misma), se sumaba el trabajo diplomático, desplegar una intensa propaganda y, sobre todo, entrar en contacto con los gobiernos continentales, especialmente el estadounidense. Estrada Palma desenvolvería estas amplísimas funciones en consecuencia con los intereses de clase que representaba, muy cercanos a la mediana y gran burguesía azucarera agroexportadora de origen cubano, lo que se analizará en un acápite posterior. Con celeridad, la labor en la emigración, poco controlada por el gobierno en la manigua dada la dificultad de las comunicaciones, se distanciaría de las necesidades concretas y de las aspiraciones ideológicas del pueblo cubano, inmerso en una cruenta lucha. Las contradicciones entre los obreros cubanos emigrados y la dirección de la emigración, y entre esta dirección y los mambises en Cuba, no se harían esperar.
A pesar de los problemas señalados, la unificación lograda en Jimaguayú representó un paso de avance en la estructuración organizativa de la Revolución de 1895. Nuevas leyes, nuevas realidades, nuevos problemas se pondrían de manifiesto, haciendo que los revolucionarios mambises trataran de encontrarles idónea respuesta. Una vez creado el Estado Nacional, se imponía con fuerza propia la extensión de la guerra al Occidente. A esta tarea se dedicaría con ahínco el general en jefe, con la anuencia del Consejo de Gobierno.
Tomado de: Eduardo Torres-Cuevas y Oscar Loyola Vega, Historia de Cuba (1492-1898). Ciudad de La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001.
Página enviada por Ileana Corvisón Menéndez
(14 de abril del 2006)
